Pese al discurso optimista en torno a los derechos que la comunidad homosexual ha ganado en distintas ciudades del mundo, la realidad es diametralmente opuesta: además de criminalizarla, en países como Irán, Uganda y Belice se castiga severamente toda práctica homosexual.
En años recientes la opinión pública se ha visto sacudida por la conquista que la comunidad homosexual ha logrado de derechos que antaño se creían coto exclusivo de las parejas heterosexuales. Paralelamente activistas y organizaciones afines han luchado por pasar del reconocimiento legal que cualquier persona tiene, sin importar su orientación sexual, de ser libre y recibir un trato igualitario, al reconocimiento común y cotidiano del resto de la población, a que la homosexualidad deje de señalarse como se señala un defecto o una falta o como deja de señalarse a la pareja heterosexual que se besa en la vía pública, en suma, el logro más destacado tanto de los activistas como de cualquiera de nosotros, sería que pronto dejáramos de considerar al homosexual como alguien fuera de la norma.
Sin embargo, esto que en varias ciudades de Europa, Estados Unidos y algunas pocas de América Latina comienza a funcionar con cierto éxito, en otras latitudes se expresa de forma totalmente opuesta. Es cierto que los llamados “crímenes de odio” contra la comunidad homosexual no se han erradicado del todo, pero en países como Irán, Uganda y Belice las agresiones en contra de los homosexuales provienen del mismísimo aparato estatal y legal que los gobierna, en ocasiones con notoria saña en su contra.
En Irán, por ejemplo, apenas el pasado 7 de septiembre, tres hombres fueron condenados a morir ahorcados por encontrarlos culpables de delitos relacionados con la homosexualidad. Aunque en esta nación —que tiene fama de ser una de las más fundamentalistas del mundo árabe— ya otros homosexuales habían recibido la misma pena, por lo regular esta se debía a delitos asociados y mucho más graves como la violación. El escándalo en este último caso se debe sobre todo a que, según parece, los hombres ejecutados habían sostenido relaciones sexuales entre sí de común acuerdo.
En Uganda el trato no es menos severo. De acuerdo con Zoe Williams, del periódico inglés The Guardian, desde 2009 los legisladores y políticos locales han intentado que la homosexualidad se castigue con pena de muerte, especialmente en los casos en que se trate de algo que denominan “homosexualidad agravada” o, para decirlo de otra manera, una especie de “homosexualidad recurrente”, delito en el que incurrirían aquellos que sean homosexuales más de una vez. Por supuesto que el planteamiento suena perversamente irracional pero, por si esto no bastara, se contempla incluir en la ley un castigo adicional —aunque menor— para cualquier persona relacionada con el homosexual que a pesar de sospechar de su condición, evite denunciarlo con las autoridades correspondientes.
Un poco para contrarrestar esta tendencia a criminalizar la homosexualidad —que es la norma en al menos 82 países alrededor del mundo— últimamente ha cobrado presencia la labor de la agrupación Human Dignity Trust, enfocada principalmente al cariz legal del problema. A diferencia de otras organizaciones que intentan crear conciencia en torno a la homosexualidad o que sirven como grupos de choque o presión hacia el gobierno en turno, Human Dignity Trust propone una vía más mesurada de lucha—aunque quizá no menos efectiva: considerar la criminalización de la homosexualidad como una violación a los derechos humanos. “No están persiguiendo esto como parte de un asunto lésbico-gay. Se trata de un asunto de derechos internacionales”, dice Jonathan Cooper, director de Human Dignity Trust. Si bien su objetivo primordial es el marco jurídico asociado a los países que dependen de la Corona Británica —la “Commonwealth”—, pretenden que su causa llegue a todos esos países en que ser homosexual se considera una violación a las leyes civiles vigentes.
Sin duda este giro es interesante, aunque curiosamente, de tan obvio, había tardado mucho en surgir. En efecto: como dijimos al principio, la homosexualidad no es, en sentido estricto, más que un asunto de elección, es decir, de libertad. Teniendo en cuenta que la sexualidad es uno de los pocos terrenos en que se puede ejercer, verdaderamente y en consenso, dicha libertad, ¿por qué las leyes de un Estado podrían impedir dichas decisiones?
Publicado en: pijamasurf.com
