Campaña para pedir educación sexual en las aulas

Internet es la principal fuente de información sexual para la mitad de los jóvenes, por encima de los amigos y por supuesto de la madre o del padre que es el último al que preguntan. Lo dice la reciente encuesta de la Sociedad Española de Contracepción. Datos más alarmantes ofrece otro estudio de la Universitat de les Illes Balears: hay niños de 8 años que ven pornografía en el móvil o la tableta y el consumo de porno, con imágenes machistas y cada vez más fuertes, es generalizado a partir de los 14. Además el 80% de los jóvenes reconoce que no recibieron ningún tipo de formación sexual o que fue insuficiente. Varias organizaciones, encabezadas por la Federación de Planificación Familiar, han iniciado una campaña para pedir que la educación sexual se incorpore al currículum escolar por ser una “herramienta fundamental para ayudar a los menores y jóvenes a vivir sus relaciones sexuales de forma segura y con libertad, basadas en el respeto y la igualdad”. La campaña invita a asociaciones, entidades, Ampas y colectivos sociales a apoyar una carta abierta dirigida al Congreso, al Senado y al futuro Gobierno. Con esta carta piden que la educación sexual sea apoyada por las instituciones públicas, incorporada a la ley de educación y aplicada en todo el territorio a través de políticas publicas específicas que incluyan a toda la comunidad educativa y que eviten que su aplicación dependa de la voluntad de cada comunidad autónoma. El texto afirma que la educación sexual debería ofrecerse de forma estructurada en el aula para que todos los niños, niñas y jóvenes puedan acceder a fuentes fiables de información. Señala que España es una excepción porque este es un asunto completamente común en Europa donde en la mayoría de los países existen leyes, políticas o estrategias por las que se establece de manera obligatoria o se apoya la educación sexual. Sin embargo, en España la educación sexual no está establecida en la legislación educativa a pesar de que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva indica que “los poderes públicos, en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales garantizarán la información y la educación afectivo-sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo”. Las organizaciones que impulsan la carta explican que la inclusión en los centros educativos varía enormemente, depende de las autoridades autonómicas, locales y de los propios centros, en los que entidades muy diversas realizan talleres puntuales sin que exista un consenso respecto a los objetivos y contenidos. Y esto genera, dicen, desigualdades y que la educación sexual sea una cuestión de suerte y no de derechos. Por eso piden a los grupos parlamentarios y al futuro Gobierno que actúen ya para que la educación sexual esté presente en los planes de estudio de todos los centros, planes consensuados con especialistas, dotando además de recursos al profesorado y a las familias para que entiendan la importancia de la educación sexual en la formación de los menores.