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La derogación de un artículo de la ley de peligrosidad social marcó el fin de la persecución legal
El 26 de diciembre de 1978, hace hoy 40 años, una modificación de la ley de peligrosidad social del franquismo, todavía en vigor, marcó el fin de la persecución legal de la homosexualidad en España. Aquella norma de 1970, ya al final de la dictadura, heredera de la ley de vagos y maleantes, establecía en su artículo segundo, que «serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, quienes: resulten probadamente incluidos en alguno de los supuestos de este artículo y se aprecie en ellos una peligrosidad social». Y en el listado de a quiénes se aplicaba estaban, junto a los «vagos habituales», «los que realicen actos de homosexualidad».
La ley había incluido en su nombre un apartado: la rehabilitación social. Por ello, a quienes realizaran actos de homosexualidad y a quienes se dedicaran habitualmente a la prostitución se les imponía «internamiento en un establecimiento de reeducación» y la «prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos, y sumisión a la vigilancia de los delegados». En el caso de los hombres homosexuales, esos centros fueron, sobre todo, los penales de Huelva y Badajoz. Para las mujeres lesbianas no se plantearon centros concretos.
La modificación de hace 40 años no supuso reconocimiento alguno. Solo consistió en la derogación del punto que se refería a los homosexuales, con lo que no quedaba ninguna medida concreta que les mencionara para castigarles, aunque seguía vigente la ley de escándalo público, de la que fueron víctimas, por ejemplo, muchas mujeres transexuales.
La ley fue definitivamente derogada en 1995.
El retraso en la derogación parcial de la ley desde la muerte del dictador en noviembre de 1975 supuso que las personas acusadas de «homosexualismo» no pudieran acogerse a la amnistía de 1977, que sí afectó a los presos políticos.
Tras la eliminación de la ley, numerosos colectivos LGTB pidieron la eliminación de las condenas de los archivos policiales. Al mantenerse estos, se podía dar el caso de que aquella sanción figurara como antecedentes de la persona en caso de una identificación policial posterior. Al final se llegó a un acuerdo de mantenerlas por su valor histórico, pero sin que tuvieran aplicación.
En España, la Fundación 26 de Diciembre, dedicada a atender a las personas mayores del colectivo, toma su nombre de la histórica fecha ya que son precisamente los gais, lesbianas y trans de más edad las que sufrieron la norma y se beneficiaron de su derogación.
Desde 1978 hasta 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, las personas LGTB no vivieron cambios en su situación legal. Luego vinieron la ley de identidad de género para las personas trans (2007), y actualmente hay en marcha varias normas autonómicas por la igualdad real, y se espera una estatal.
Escrito por Emilio de Benito el 26 de diciembre de 2918 para El País
Fuente original: https://elpais.com/sociedad/2018/12/26/actualidad/1545846699_821350.html
