Los expertos insisten en que la llamada «guerra contra las drogas», basada en la represión, no ha dado resultados.
La represión no funciona contra las drogas. La experiencia, coinciden los expertos, demuestra que los tratamientos sustitutivos, la prevención y, sobre todo, el trato humano, son fundamentales. Hay que poner a las personas en primer plano.
Por eso ‘Las personas antes que la política’ es precisamente el lema de la 26 Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños 2019 (HR19 por sus siglas en inglés), que reúne desde este domingo y hasta el el 1 de mayo en la ciudad lusa de Oporto a más de un millar de expertos de 90 países.
Un lema que constituye «un llamamiento» para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas que usan drogas, subrayó la expresidenta chilena Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la inauguración de la Conferencia.
El ejemplo de Portugal, el país anfitrión de la HR19, marca parte del programa. La despenalización del consumo de estupefacientes impulsada hace 20 años, los tratamientos sustitutivos y la atención a drogodependientes, tumbaron las cifras de víctimas de Sida, hepatitis y sobredosis y aliviaron la carga de las cárceles.
Por el contrario, la llamada «guerra contra las drogas», basada en la represión, no ha dado resultados.
«Después de décadas de este enfoque, los países que lo adoptaron no están más cerca de estar «libres de drogas». «El rango y la cantidad de sustancias que se producen y consumen hoy es mayor que nunca», denunció Bachelet.
Para la expresidenta no hay duda: «Los gobiernos deben salvaguardar y mejorar el bienestar de las sociedades. Y cuando un conjunto de políticas claramente no logra sus objetivos, es hora de cambiarlos«.
La combinación de pobreza, marginación y castigo provoca un aumento de la mortalidad. Las cifras son demoledoras: En 2015 se contabilizaron 450.000 muertes por consumo de droga, un 60% más que en 2000. La criminalización tampoco es una salida. Más de dos millones de reclusos en todos el mundo fueron encarcelados por delitos vinculados con droga, en su mayoría por posesión para uso personal.
Bachelet llamó especialmente la atención sobre el aumento de las condenas a mujeres y niñas que atribuyó, en parte, a las dificultades para acceder a una representación legal efectiva, la pobreza y la violencia de género.
Aunque en los últimos años se ha detectado una disminución en la aplicación de la pena de muerte, en la última década al menos 3.940 personas fueron ejecutadas por delitos relacionados con drogas.
Paralelamente, la lucha contra las drogas suele esconder violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias.
Pero, a pesar de experiencias como la de Portugal, el número de países que ofrecen tratamientos sustitutivos y jeringas ha disminuido desde 2014 y solo 86 admiten terapias como la metadona.
La falta de financiación y la lagunas en la capacitación de los profesionales que deben controlar la administración de sustitutivos de las drogas pueden agravar los riesgos, como ha ocurrido en Estados Unidos, donde una epidemia de dependencia de opioides ha generado niveles de mortalidad sin precedentes estimulada por la prescripción excesiva por parte de los médicos.
Está demostrado, continuó Bachelet, que los programas de tratamiento sobre drogas son «más efectivos y más rentables».
Por eso, reclamó Bachelet, los estados deben atender los llamamientos de Naciones Unidas y enfocar el problema como un tema de salud pública.
«Las personas no pierden sus derechos humanos porque consumen drogas», insistió Bachelet.
«Las personas que han caído en la trampa de la dependencia de drogas necesitan ayuda para reconstruir sus vidas. Las políticas gubernamentales no deben convertirse en una amenaza mayor para su bienestar que las drogas que están usando», concluyó.
Publicado por Mar Marín/EFE, Oporto, el 28 de abril 2019 para Heraldo
Fuente original: Heraldo
